La impunidad no se ha acabado

Editorial de Mundo Toro sobre la absolución del delito de odio del profesor que se burló de la muerte de Víctor Barrio.

No es cierto, en rigor de Ley, que la Tauromaquia, entendida como grupo humano, sea un colectivo que el Código Penal excluya ( o no incluya) o no reconozca, de cara a la aplicación del artículo 510 de Código Penal sobre el Delito de Odio. Lo único cierto es que, una tras otra, los jueces que atienden las causas contra personas que han incitado al odio contra toreros vivos o muertos, o contra otras personas por el mismo hecho identificativo de participar de este colectivo de la Tauromaquia, han sentenciado que no da lugar aplicar el Delito de Odio. Perdemos juicio tras juicio.

No porque no exista el odio según los magistrados, sino porque no somos reconocidos como colectivo discriminado, violentado y objeto de odio por uno o por muchos terceros. Existe pues, el delito de odio al comprobarse y reconocerse el odio. Lo que no existe es el colectivo a quien se dirige ese odio porque no somos considerados como tal. La última sentencia (respecto a los hechos en redes sociales contra Víctor Barrio, D.E.P.) se encaja de forma contundente con todo lo que este medio ha venido argumentando: se comete delito de odio, pero no se puede aplicar penas relativas a ese delito porque la Tauromaquia no es considerada colectivo agredido.

Esta última argumentación del Tribunal, afirma exactamente lo mismo que sostiene este medio: que, existiendo un ‘voraz episodio de odio’, no se puede aplicar la pena al delincuente porque el Código Penal (CP) no incluye al colectivo de la Tauromaquia el artículo 510. Pero incluso aquí hacemos una observación esencial: es cierto que el artículo citado no nos incluye expresamente como colectivo, pero esto no quiere decir que nos excluya. ¿Por qué?

El artículo del CP no hace un catálogo detallado y nominal de los ‘colectivos’. Para que nos entendamos: homosexuales, colectivo LTGB, musulmanes, negros de Etiopía o gitanos, no son colectivos catalogados y nombrados uno a uno en el citado texto. ¿Están por ello excluidos? No. Son colectivos reconocidos como tales porque se adecúan al texto y al deseo de protección de la Ley. La Ley no dice que quien incite al odio contra gitano es reo de delito de odio. No es necesario.

Como tampoco es necesario que diga expresamente que quién incite al odio y a la violencia contra un español afín al colectivo de la Tauromaquia, es reo de delito de odio. Basta con que la Tauromaquia sea considerada como colectivo a esos efectos como lo es el colectivo de raza gitana. Un asunto que llevamos reclamando desde hace casi dos décadas. Y de esos barros, estos lodos. De esa dejación o inoperancia, esta realidad jurídica.

El artículo 510 del CP dice que el delito de odio e incitación al mismo se circunscribe ‘a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía’.

¿Entra la Tauromaquia y sus gentes dentro de esta descripción? No nos queda duda alguna. Sí.

Usando lo que la Ley emplea, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, somos una actividad reconocida por Ley y, por ende, Constitución, como Patrimonio Cultural de los españoles, una actividad cuyo colectivo posee ‘creencias’ en esa cultura, sobre esa cultura y por esa cultura. Y, en espacio y tiempo, desde hace siglos, este colectivo se ha mantenido y ha mantenido el culto a su cultura, a su idea (ideología no es otra cosa que la prolongación de una idea determinada, según la RAE). Este colectivo ha sido esencial para la creación artística de los españoles y de otros pueblos y naciones por el hecho de ser colectivo de común cultura. Si el Museo del Prado cumple 200 años, los cumple dando cobijo, desde su primer día, a más de 200 obras de la cultura común, de la creencia común y de la idea común de un colectivo: el de la Tauromaquia.

Incluso somos colectivo sin el argumento anterior, evidente, sólido y que no admite ni en lenguaje ni en lenguaje de ley duda alguna. Los señores letrados de las gentes del toreo, han de estudiarse el artículo 172 del Código Penal español que tipifica de forma detallada los delitos de stalking y ciber stalking (‘Cyberestalking y delito de incitación al odio’, editorial publicado en 2017) y, de paso, estudiar sentencias y jurisprudencias en España y Europa respecto a estos delitos. Los mismos que se han cometido contra el colectivo de la Tauromaquia a través de figuras como el niño Adrián, Víctor Barrio o Iván Fandiño. (Dos detenidos por delitos de odio e injurias contra Adrián)

¿Colectivo? Cuando desde las redes sociales se insulta, menosprecia, se anima a odiar a quien escribe estas líneas, al torero muerto o vivo, a un niño o a un fontanero o quien fuera… ¿Cuál es la esencia, punto de encuentro de esta violencia? Desde luego, no es ser periodista, o ser niño, o ser adulto. No. Se incita al odio de cada uno por esta razón: pertenecer a un colectivo afín a la cultura de la Tauromaquia y por tener las mismas creencias e ideas.

¿Acaso se violenta a un homosexual hombre rico y blanco por rico y blanco y a un homosexual negro y pobre por ser pobre y negro? No, a ambos, tan distintos en raza y condición, se les odia por ser homosexuales.

Hablando de sentencias, hay una perla del año 1999. Del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social. Que crea precedente o jurisprudencia menor, y que ya ha sido citada en seis sentencias posteriores. Se trataba de un despido a una persona que defendió de forma directa y recta el ‘honor’ de Curro Romero frente a unos clientes y su patrón lo despidió. Fue reintegrado a su puesto. Entonces nos pareció una agradable sentencia sobre el currismo.

Pero esconde y ampara lo que somos. Dice la sentencia que el susodicho aficionado es portador de un sentimiento ‘arraigado y profundo como el que más, creador de una ilusión permanente, de una esperanza incondicional y de una forma de entender la vida, por lo que exige el máximo respeto de quienes no –o sí- lo tienen’.

Y ahora, díganme quién corresponda: ¿No va de eso exactamente el Código 510 del CP Español?

A quien corresponda y para finalizar. Somos COLECTIVO. Lo somos tanto, de forma tan evidente y contundente, que sólo nos basta con trabajar de verdad en esa dirección, con argumentos sólidos, demandas bien preparadas, con un trabajo de documentación y argumentación a servicio de este fin: lograr una primera sentencia ganadora, luego una segunda…

Dejemos todos de mirarnos el ombligo de nuestros logros tan evidentes como chicos escasamente prometedores de futuro sin impunidad. Se trata, sí o sí, señor o señora a quien corresponda, de un colectivo y un delito de odio. Pónganse a trabajar.Para mostrar a la sociedad lo que somos, el respeto que se nos debe, y para decirles que no somos el criminal, sino la víctima. Y tendremos el amparo total de la Ley y de la Constitución que ahora no tenemos. Hágase cierto lo que dijo la FTL en su día, año 2016, rueda de prensa en Cremades y Calvo Sotelo abogados: ‘La impunidad se ha acabado’. (‘Por fin’, editorial publicado en 2018). Seamos tan serios como sinceros y hagamos sana autocrítica: la impunidad anda lejos de acabarse.

La sociedad española, para bien y para mal, vive pendiente de las sentencias. Procés, ERE, Gurtel, manadas… Las sentencias solidifican al perverso, ponen el sello social al malvado. Y éste no es otro que quien pierde una demanda. El perverso de la sociedad no puede ser Víctor Barrio, ni un niño, ni la Tauromaquia. Nosotros somos las víctimas, y así lo entenderán los españoles cuando comencemos a ganar los juicios por la sencilla razón de que jamás hemos sido otra cosa que un colectivo víctima de un delito de odio.

 


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