El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, dice que el proyecto «respeta» las entidades históricas
La mayoría parlamentaria de la que goza el Partido Popular (PP) en las Cortes de Castilla y León sería más que suficiente para sacar adelante el ambicioso proyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio. Pero el Gobierno de Juan Vicente Herrera quiere más, desea que la mayor reforma territorial en la España autonómica concite un «gran pacto político». Así se ha pronunciado esta mañana en Segovia el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez. El responsable regional se ha reunido con los delegados territoriales de Valladolid, Soria y de la provincia anfitriona y con los jefes de servicio de las distintas consejerías para profundizar en el texto del modelo territorial dentro de la «labor pedagógica» emprendida hace más de un año con el objetivo de acercar las intenciones que entraña este proyecto de ley antes de que pase a la etapa de la tramitación parlamentaria.
De Santiago-Juárez ha animado e instado a los altos funcionarios de la Administración autonómica a que sean «buenos agentes» en esa tarea encomendada de explicar la futura ordenación territorial de Castilla y León. El consejero ha dado ejemplo y también él ha impartido su docencia sobre lo que significa esta reforma. Para empezar, ha dejado claro el sentir de la ley, una regulación que pretende acabar con la disfunción que representa que en Castilla y León, con treinta años de autonomía, siga vigente una zonificación de servicios en función de la llegada de cada competencia.
Asimismo, se ha mostrado particularmente insistente en alejar temores y fantasmas. Ante todo, tranquilidad frente al cambio porque el «fin último que persigue el proyecto es garantizar los servicios esenciales en el medio rural sin suprimir municipios». A partir de esta premisa, el coordinador político del Ejecutivo regional ha precisado que el modelo en el que ha trabajado la Junta «respeta» las figuras de las entidades históricas, como son las Comunidades de Villa y Tierra. En la provincia están la Antigua de Cuéllar, la de Coca, la de Segovia, la de Pedraza, la de Sepúlveda, la de Fresno de Cantespino, la de Maderuelo y la de Fuentidueña; además de otras once mancomunidades de municipios.
La segunda lección se ha referido más al método y las formas más que al fondo. La importancia del medio para conseguir los fines del proyecto de ley. De Santiago-Juárez ha enfatizado que «en este momento lo más importante es alcanzar el más amplio consenso político en sede parlamentaria». Lo ha dicho y argumentado de distintas maneras, por omisión y obra, con palabras y mensajes diferentes pero intercambiables para apuntalar el propósito «prioritario» de la Junta ahora mismo, que no es otro que la consecución de «un gran pacto político» sobre la ordenación del territorio.
Perdurar en el tiempo más allá de vaivenes electorales
«Es un proyecto de comunidad que debe perdurar en el tiempo y que no debe verse sometido a los vaivenes electorales», ha justificado el consejero de la Presidencia, para quien sería «una frivolidad» que el Gobierno autonómico lo aprobara sin más, gracias simplemente a esa mayoría que posee en las Cortes castellanas y leonesas. La Junta vuelca sus esfuerzos en esa prioridad y por eso «tenemos que poner lo mejor de nosotros para alcanzar el mayor consenso posible», ha arengado.
Esa búsqueda de un amplio acuerdo se encuentra en un momento «adecuado», ha comentado lacónicamente porque ha de imponerse la discreción. Sin embargo, sí ha deducido que ese esfuerzo de la Junta es compartido por el Partido Socialista Obrero Español, a tenor de las declaraciones realizadas recientemente por el portavoz parlamentario Óscar López.
En ese tono pedagógico que trata de inculcar a los funcionarios de la Administración regional, el consejero no ha dejado pasar la oportunidad para repasar en voz alta, aunque a grandes rasgos, los propósitos que persigue la reforma territorial impulsada por el Gobierno de Herrera. Además de garantizar la prestación de servicios esenciales, especialmente en el medio rural, José Antonio de Santiago-Juárez ha subrayado cómo el modelo propuesto intenta «hacer la vida más cómoda y sencilla a los ciudadanos a la hora de relacionarse con la administración». Traducido, la ley suprime trámites y engorros burocráticos, cuyos principales beneficiarios serán los residentes en las zonas periféricas.
En esa revisión al temario también ha dejado patente que en la voluntad de la Junta de Castilla y León radica «la apuesta clara por el municipalismo de verdad». Esa apostilla del consejero entronca con la profusión a las que ha dado en llamar «políticas de proximidad», que a su vez dotan a los municipios, por pequeños que sean, de funciones y de competencias relacionadas con las prestaciones esenciales. Y ha recordado para zanjar discrepancias que estas competencias «no son impropias porque llevan años en la Ley de Bases del Régimen Local».
El futuro mapa
Con respecto a la asociación voluntaria de municipios, la ley pone encima de la mesa las Mancomunidades de Interés General. «Todas deberán tener la misma cantidad de servicios para gestionar de forma eficiente y sostenible», ha explicado.
En cuanto a los tiempos, el mapa que dibujará la nueva ordenación territorial no estará perfilado hasta la aprobación de la ley y partirá de las delegaciones territoriales, que a su vez pedirán información a las diputaciones. Estos diseños se enviarán a la Consejería de la Presidencia y luego se someterán a audiencia a los 2.248 municipios. El siguiente paso será la divulgación para información pública con el fin de que se hagan las alegaciones o sugerencias pertinentes. Y a partir de ahí, habrá un plazo de tres años par que todos los servicios se ordenen en torno al nuevo mapa.
«Encaja mal» con el proyecto estatal
De Santiago-Juárez ha insistido en Segovia en que la reforma de la Administración local que promueve el Gobierno de Mariano Rajoy «encaja mal» con el modelo promulgado por la Junta, aunque ambas regulaciones «son compatibles». El consejero ha reconocido que «no nos gusta nada el proyecto estatal; las personas que lo han elaborado han demostrado ser poco conocedoras y poco sensibles con la realidad de Castilla y León». Y así se lo ha hecho llegar el Gobierno de Juan Vicente Herrera, siempre como una «una crítica leal».
Fuente de la noticia: El Norte de Castilla, 1 de mayo de 2013