Datxu Peris, la concejala que frivolizó con la muerte de Víctor Barrio: «No me arrepiento»

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El juicio oral a la concejala no adscrita del Ayuntamiento de Catarroja, Datxu Peris, por un supuesto delito contra el derecho al honor del torero segoviano Víctor Barrio, ha quedado visto para sentencia. La parte demandante, viuda y padres del torero fallecido, se ratifica en la petición de 7.000 euros de indemnización a la edil valenciana. A la salida del juzgado de Sepúlveda, la demandada ha declarado a los periodistas que estaban apostados a la entrada que «no me arrepiento».

Han sido las únicas palabras en directo que ha proferido la concejala, ya que en el juicio no ha sido requerido su testimonio por la acusación que ejerce el despacho Cremades & Calvo Sotelo como representación legal de la Fundación Toro de Lidia, en la que la familia del diestro segoviano ha depositado su confianza para gestionar las denuncias y el programa de divulgación de la tauromaquia entre los aficionados más jóvenes que lleva el nombre de Víctor Barrio.

El civismo ha reinado en torno a la vista y no ha habido que lamentar ningún incidente. La Guardia Civil había previsto un despliegue de la unidad de intervención de la Comandancia Provincial, con el apoyo de agentes de puestos cercanos a Sepúlveda, para evitar la posibilidad de que se produjeran hostilidades y altercados ante la presencia en la villa segoviana de activistas en apoyo a la demandada.

Un microbús fletado por movimientos ciudadanos a favor de la libertad de expresión, entre los que hay activistas animalistas, llegó a Sepúlveda hacia las 9:30 horas. Veintiuna personas, que partieron a las dos de la madrugada de Valencia, formaban parte de esta expedición, entre ellas la propia Peris.
Prueba radiofónica

Una representación de cinco activistas ha accedido a la sala donde se ha desarrollado la vista entre una gran expectación mediática. Es el primer juicio que se celebra como consecuencia de la ofensiva de demandas civiles y denuncias penales tramitadas por la Fundación Toro de Lidia, una vez identificados los autores de comentarios vertidos en distintas plataformas de Internet que supuestamente vejaron y humillaron a la familia de Víctor Barrio y la memoria del propio torero, muerto de una fatal de cornada el 9 de julio de 2016 en la plaza de Teruel.

La concejala valenciana se ha visto las caras con la viuda, Raquel Sanz, y los padres del diestro. Apenas unos metros les han separado en la pequeña sala del juzgado sepulvedano.

La parte demandante no ha requerido el testimonio de la edil, y la defensa tampoco ha podido preguntar a su representada. La única ocasión en la que se ha escuchado la voz de la concejala de Catarroja ha sido en la grabación de una dura y tensa entrevista que le hizo en la cadena Cope el periodista Carlos Herrera a raíz del comentario en Facebook, objeto del proceso judicial.

Cabe recordar que pocas horas después del fallecimiento del torero Datxu Peris publicó en su perfil de la red social un mensaje en el que, entre otras cosas, manifestaba: «Podemos tratar de ver el aspecto positivo de las noticias para no sufrir tanto. Ya ha dejado de matar». Dicho comentario iba enlazado a la noticia de la cornada letal. Peris agregaba que «ahora los opresores han tenido una baja, una víctima más, un peón de su sistema», al mismo que se preguntaba «cuántas bajas más de este equipo harán falta para que gobiernos centrales, generalitats, diputaciones y ayuntamientos dejen de subvencionar estas prácticas con olor a sadismo».
«Ataque a la libertad de expresión»

Jesús Frare, portavoz del grupo que se ha desplazado desde Valencia, comentaba minutos antes del juicio que la demanda «es un ataque directo a la libertad de expresión». Ha criticado la «persecución de ideas» emprendida por parte de la Fundación Toro de Lidia tras la muerte de Víctor Barrio «para intentar amedrentar la opinión de la gente». Frare ha insistido en que «no hay base legal para condenar» a la edil, ya que, como ella mismo dijo en la entrevista presentada como prueba por la defensa, «no se alegra ni desea la muerte de nadie».

Su abogado, Hugo Sánchez Moutas, también ha hecho hincapié en este argumento y ha subrayado en su exposición que «no existe legitimación activa» para proseguir con la demanda, por lo que ha pedido la no admisión y, por tanto, la absolución.

Por su parte, el letrado y socio de Cremades & Calvo Sotelo, José Miguel Soriano, ha puesto de relieve que el comentario que hizo Peris en su perfil de Facebook unas horas después de la muerte de Víctor Barrio es «reprochable, deleznable e inhumano». El abogado se ampara en que la concejala «usa palabras y expresiones vejatorias en un momento trágico con la intención de dar publicidad» a su reflexión.

Tanto la acusación como el Ministerio Fiscal coinciden en apreciar que Datxu Peris utiliza el altavoz de Facebook como representante política y edil de un consistorio, lo que supone un «agravante», como ha manifestado la fiscal, al considerar que Peris es consciente de que sr una figura «influyente y con credibilidad en el sector».

Además, el letrado de la parte demandante observa que existe «ánimo» de propagar el mensaje de la polémica: «lo escribió en la soledad de su casa con la intención de hacer daño», ha expuesto el letrado de la Fundación Toro de Lidia.
Crítica a la tauromaquia, no a Víctor Barrio

La defensa, por su parte, ha tratado de contrarrestar este argumentario minimizando ese carisma y el seguimiento en las redes sociales que posee la edil, «con 300 amigos» en Facebook. Según su abogado, la demandada «no busca la difusión» y apostilla que la repercusión posterior «escapa a su control». De hecho, Sánchez Moutas argumenta que la concejala «no participa ni propicia» el eco de su reflexión política, que «no ataque contra la memoria de Víctor Barrio».

También ha tratado de apuntalar este pilar de la defensa al subrayar el hecho de que estuviera escrito en valenciano y no en español resta notoriedad y repercusión al mensaje, que hay que «encuadrarlo en una crítica a la tauromaquia y no a Víctor Barrio». Es más, el abogado de la concejala ha expresado que «la reflexión política la hubiera hecho igual si hubiera muerto otro torero».

La fiscal ha vuelto a rechazar esta exposición, que considera «irrelevante» y ha tildado de «chiste» que el comentario se hiciera en valenciano. Asimismo, ha aseverado que una publicación en la red social por parte de una representante política en un Ayuntamiento es susceptible de «correr como la pólvora».

En cuanto a la gravedad o no del lenguaje escogido por Datxu Peris, el ministerio público coincide de nuevo con el abogado de la Fundación Toro de Lidia y concibe que «asesino», «opresor» o «sadismo» atentan contra el derecho al honor del diestro.

FotosENC24102017

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