Peligran cientos de festejos en las plazas portátiles de Castilla y León

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Los empresarios taurinos propietarios de plazas portátiles de Castilla y León se muestran preocupados por la reciente entrada en vigor de la normativa sobre la autorización de estos recintos. El decreto 115/2002, de 24 de octubre, que fue modificado por otro de 2005, regulador de esta materia, entró en vigor el pasado día 1 de enero de 2009.

La negociación de este grupo de empresarios de Castilla y León supuso la consecución de una moratoria hasta la citada fecha, pero en este momento resulta irremediable la evitación de la eficacia de la norma. En las últimas semanas se ha producido diversas reuniones y contactos entre los titulares de las plazas, en las que se debate la posibilidad de medidas de presión frente a la exigencia de la Junta de Castilla y León de la aplicación del decreto.

Cuando faltan pocas semanas para el inicio de los primeros festejos taurinos en localidades en las que tradicionalmente se instalan plazas portátiles, existe una enorme incertidumbre sobre la posibilidad de cumplimiento real de las exigencias para estos recintos portátiles así como para el entorno a las que obliga el decreto.

Los primeros requisitos que se exigen se refieren al emplazamiento de la plaza, que deberá ser "de fácil acceso", con accesos amplios y con "una boca de riego conectada a la red pública a menos de 100 metros".

En cuanto a los requisitos propios de la plaza, se prevé una anchura mínima de un metro para el paso a cada localidad, así como para los pasillos radiales. El diámetro del ruedo debe ser superior a 35 metros e inferior a 60, en la de categoría A, o de 30 como mínimo para clasificadas B (en éstas últimas sólo se pueden lidiar machos de menos de tres años).

La barrera es otro de los elementos en los que la normativa especifica un buen número de requisitos: la altura mínima será al menos de 1,60 metros, deberán contar con dos portones de doble hoja y tendrán al menos tres burladeros.

Los servicios y aseos, el desolladero, y la condiciones de seguridad de la estructura, para resistir el peso propio y una sobrecarga mínima de 400 kilos por metro cuadrado.

Las plazas deben ser 'reconocidas' por la administración autonómica para poder instalarse en Castilla y León, y así poder obtener la pertinente autorización y registro.

Sobre el grado de rigidez en la aplicación del decreto, los empresarios han recibido mensajes diversos, desde 'tolerancia 0', hasta una notable flexibilidad.

Fuente de la noticia: www.burladero.com