La única posibilidad de hacerlo es sobre terrenos cedidos por el Ayuntamiento y la última vez éste que los puso en sus manos fue en 1993. Por ello manifestó que desde el Consistorio segoviano «se trata, una vez más, de sembrar la confusión mediante verdades a medias y argumentos sesgados», que trató de contrarrestar.
Municio salió en defensa de la política de vivienda de la Junta en Segovia retrotrayéndose al año 80. Desde entonces ha promovido directamente 1.152 en la provincia, de ellas 716 en la capital, pero en este caso sólo hasta el año 2000.
Los grupos Nueva Segovia I, Nueva Segovia II, La Explanada, Los Miradores, Torrenueva, La Fresneda y El Mayorazgo se edificaron sobre terrenos de la Administración regional y sólo tres, San Lorenzo, El Peñascal y La Albuera, en parcelas cedidas por el Ayuntamiento de Segovia. En total, unos 120 millones de inversión. Con El Mayorazgo se acabaron las posibilidades de la Junta de construir sobre terrenos propios. Dispone de cuatro parcelas en Nueva Segovia pero su uso está comprometido para actuaciones en marcha, como el Centro Integral de Formación Profesional o el Parque de Bomberos y Cuartel de Policía Local -en terreno cedido al Ayuntamiento- o de futuro: el nuevo Palacio de Justicia y un centro de salud.
No se pudo, no se quiere
Así que la única posibilidad que le cabe a la Junta para construir VPO en Segovia es que el Ayuntamiento ponga suelo a su disposición y esto no ocurre desde 1993. «En unos casos porque entonces el Ayuntamiento lo tenía -como cuando gobernaba el PP y Municio fue concejal- y ahora que lo tiene, merced a algunas actuaciones urbanísticas o a la revisión del PGOU, porque no lo quiere ceder», aclaró el delegado, quien apeló a la «sensibilidad del Consistorio para propiciar las viviendas más baratas posibles a quienes más las necesitan», que es, según dijo, el único afán que mueve al Gobierno regional
Por contra, el Ayuntamiento está a punto de vender en concurso público las dos parcelas que ahora mismo tiene, en el sector Plaza de Toros y en Baterías, a empresas constructoras, aunque eso sí, para la construcción de VPO. En la operación espera obtener unos 6 millones de euros. «La Junta no quiere realizar ninguna operación urbanística en Segovia, no quiere saber nada de plusvalías ni beneficios», arguyó el delegado territorial.
Municio, comparó la actitud del Ayuntamiento de Segovia con la de otros consistorios de la provincia o de la región que sí ceden suelo a la Junta para que ésta construya viviendas de protección. Y puso ejemplos. Desde el 2003 se han construido de esta forma 436 viviendas repartidas por Riaza, Sanchonuño, Escalona del Prado, Cuéllar, Mata de Cuéllar, San Pedro de Gaíllos, La Velilla (Pedraza), Torrecilla del Pinar, Carbonero el Mayor, Urueñas, Abades, Grajera, Navas de Oro y Sepúlveda. Y en la actualidad, la Consejería de Fomento tiene suscritos convenios para iniciar la promoción de VPO en catorce municipios: Cerezo de Abajo, Barbolla, Cantalejo, Hontalbilla, Maderuelo, Nava de la Asunción, Navas de San Antonio, Rapariegos, Rades de Abajo (Pedraza), San Martín y Mudrián, Condado de Castilnovo, Riaza, Samboal y Cuéllar.
Rehabilitación y ayudas
Pero la actividad de la Junta en materia de vivienda no se limita a su construcción. Su máximo representante en Segovia hizo referencia también al desarrollo, con una inversión superior a siete millones de euros, de cinco áreas de rehabilitación que van a permitir intervenir en 1.325 viviendas, además de recuperar numerosos espacios urbanos. Tres de ellas están en la capital, La Judería, Las Canongías y San José Obrero, y las otras dos en Cuéllar y la Sierra de Ayllón, y todas en ejecución.
Las políticas en esta materia se completan con las subvenciones que la Junta dispensa a la compra o el alquiler de vivienda o al acceso a las mismas de colectivos como los jóvenes o los residentes en el medio rural. En total, más de cinco mil ayudas en la provincia en los últimos años y con novedades en la convocatoria del presente ejercicio. Así, en el caso del apoyo a los jóvenes se establece una nueva ayuda para la compra consistente en el coste del seguro para garantizar el pago de la hipoteca en el caso de que el joven se quede sin trabajo. También se incorpora como nueva actuación protegida para las familias la compra de viviendas libres que reúnan los requisitos de las de precio limitado.
En las ayudas al alquiler se amplia el periodo subvencionable, que abarca 15 meses frente a los 12 de años anteriores, así como el plazo de presentación de solicitudes, que acababa el 30 de septiembre, hasta el 30 de diciembre. Y en las que establecidas para la vivienda rural se incluyen en el colectivo de beneficiarios específicos de mayor subvención a los mayores de 65 años, las víctimas de la violencia de género o las víctimas del terrorismo.
Fuente de la noticia: El Norte de Castilla, 20 de Mayo de 2010