La acusada, que tenía una asesoría en 2021 en una localidad del Nordeste, contactó con cuatro trabajadores inmigrantes que pretendían regularizar su situación en España.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado una condena de dos años de prisión a la responsable de una asesoría de la provincia por estafar en 2021 a cuatro trabajadores extranjeros que pretendían regularizar su situación en España.
La acusada, que tenía entonces una asesoría fiscal, contable y jurídica en una localidad del Partido Judicial de Sepúlveda, contactó con extranjeros que habían llegado a España forma irregular y pretendían regularizar su situación, a quienes se presentó como abogada aunque no tenía la titulación ni consta la colegiación o ejercicio de esta profesión. Les prometió la obtención de contratos de trabajo, requisito imprescindible, entre otros, para el procedimiento administrativo de "arraigo social" del Reglamento de Extranjería vigente en ese momento, así como ayudarles en su tramitación, a cambio de la entrega de 2.000 euros en cada caso.
Más adelante les entregó contratos de trabajo de una misma empresa, en los que no se identifica al representante de la misma pero, cuando presentaron la documentación en la Subdelegación del Gobierno en Segovia, con las correspondientes solicitudes de autorización de residencia temporal por arraigo social, todas ellas fueron denegadas con resoluciones motivadas.
No se ha probado que otra mujer, también extranjera, le entregase cantidades a la acusada y en otro caso lo que no entregó esta última fue el contrato de trabajo. Además, la sentencia de la Audiencia Provincial, ahora ratificada por el TSJ, indica que no participó de manera personal en representación de las víctimas en la tramitación de las solicitudes ni por vía web ni presencialmente en la Subdelegación, así como que se negó a devolver el dinero cuando los expedientes no prosperaron.
En el recurso presentado en segunda instancia ante el tribunal autonómico, su abogado alegó un error en la valoración de la prueba, al sostener que el hecho de que los perjudicados no llegaran a trabajar no significa necesariamente que los contratos de trabajo fueran falsos y que lo que ocurrió fue que, al no obtener los permisos de trabajo y residencia, no pudieron darse de alta en la Seguridad Social. Además, indicó que la acusada no cobró por conseguir esos contratos de trabajo sino por prestar servicios, de forma acertada o errónea, en materia de extranjería, pero que no hubo engaño ni un delito penal, ya que como mucho puede interpretarse como mala praxis profesional susceptible de una reclamación civil.
Por el contrario, los tres magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ coinciden en que la Audiencia de Segovia sacó sus conclusiones después de examinar pruebas no solo testificales sino también documentales y destacan que, como está razonado en la sentencia del tribunal provincial, "la falta de veracidad y de realidad de tales contratos se deriva del hecho de que los mismos presentaban claras deficiencias, como no respetar el horario laboral, no estar firmados por un representante legal de la empresa empleadora y no justificarse la necesidad de que la misma contratase a cuatro trabajadores extranjeros necesitados".
Señala, además, que el hecho de que los perjudicados creyeran que la acusada era abogada, y que podría conseguir contratos laborales reales y verdaderos, fue lo que motivó que le entregasen los 2.000 euros, "cuya cuantía no podía corresponder en modo alguno a la prestación de unos meros servicios de tramitación o gestión administrativa que cualquier gestoría podía proporcionar por una cantidad sensiblemente inferior".
En definitiva, el TSJ ha desestimado íntegramente el recurso de apelación y mantiene en todos sus términos la sentencia de 6 de marzo de 2025 que, además de condenar a la acusada a dos años de prisión por estafa, también la inhabilita para el ejercicio del sufragio pasivo durante ese mismo periodo y a pagar a cada uno de los cuatro perjudicados 2.000 euros. Fue absuelta de un delito de intrusismo del que también era acusada por los letrados de las víctimas.