El presidente de la Audiencia cree que el gerente del Ministerio «ve con buenos ojos» esta opción, que pasaría por ocupar un edificio público vacante.
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El presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, Ignacio Pando, ha planteado a Justicia, a través de la Gerencia Territorial del Ministerio, que estudie la posibilidad de ubicar los diez juzgados de la ciudad en un solo inmueble de forma provisional para acabar con su dispersión por cinco sedes diferentes. La opción no es sencilla porque, en primer lugar, pasa por hallar un edificio público vacante de una Administración dispuesta a cederlo para este fin; pero en caso de haberlo, Pando valora que el gasto en las obras de adaptación que hubiera que llevar a cabo se podría amortizar en un plazo corto por el ahorro en alquileres.
Tal y como avanza el magistrado, su propuesta evitaría tener que esperar los «cuatro o cinco años, siendo optimista», que puede tardar en construirse y estar operativo el nuevo edificio judicial que desde hace casi un lustro tiene reservada una parcela en el barrio de Nueva Segovia, entre el nuevo parque de bomberos y el hotel Cándido.
El proyecto lleva tiempo redactado y se esperaba financiación para licitarlo y ejecutarlo a partir del próximo ejercicio, pero los Presupuestos Generales del Estado de 2015 no contemplan inversiones en esta infraestructura que, según las mismas cuentas del Gobierno, recibiría el dinero desde 2016 y al menos hasta 2019. «Una sede provisional podría ser una buena solución si el nuevo edificio va para largo, como así parece» asegura Pando, quien aprovechó una visita del gerente del Ministerio a Segovia para comentárselo «de manera informal», puntualiza. «Lógicamente le ha parecido interesante, lo ve con buenos ojos sobre todo por el tema del ahorro para el propio Ministerio, ya que ahora está pagando el mantenimiento de cinco sedes distintas y, en algunos casos, unas cantidades muy importantes en alquileres».
«Si se pudiera encontrar un edificio en condiciones que dejara libre alguna Administración y accediera a una cesión, o al menos a un alquiler ajustado, ya sería una cuestión de que los técnicos del Ministerio evaluasen si compensa», prosigue. En este sentido, «igual costeas las obras por el precio de un año de alquileres y empiezas a ahorrar a partir del siguiente por las rentas que dejas de pagar».
Pero un proyecto provisional como éste requeriría una puesta en marcha relativamente rápida para rentabilizarlo cuanto antes. ¿Sería posible contar con él incluso en 2015 cuando solo se ha producido «una conversación informal» de momento? «No lo sé, hay que intentarlo», responde Pando. «El problema lo tienen asumido» en Justicia, según argumenta, y «reconocen» que Segovia sufre «una situación que hay que intentar solucionar».
Una situación atípica
De hecho, el presidente de la Audiencia segoviana cree que debe de haber muy pocas capitales en España con una dispersión judicial semejante. «En Valladolid (que también espera financiación desde hace años para su proyecto del Campus de la Justicia) tienen bastantes sedes también, más o menos como aquí, pero es que allí hay muchos más juzgados, y aquí cinco sedes para diez juzgados no es normal».
Añade que «todo el mundo conoce en Segovia que esto no es práctico tal y como está ahora, a efectos del funcionamiento diario da problemas en cuanto a la falta de coordinación o por la incomodidad para los profesionales y ciudadanos, que muchas veces no saben dónde dirigirse». Pero la situación podría ser incluso más urgente a corto o medio plazo: «Sería un verdadero problema para implantar aquí el nuevo modelo de Oficina Judicial, porque la exigencia de que todo se desarrolle mediante servicios comunes sería muy complicada de conseguir sin una sede unificada», advierte.
Más allá de los problemas derivados de la dispersión de sedes, a nivel de actividad y cargas de trabajo la Justicia segoviana «está bien en comparación con el resto de Castilla y León o España», sostiene Pando. El Juzgado de lo Mercantil ya no soporta el volumen de trabajo de los años más recios de la crisis, «con grandes concursos como el de Proinserga»; y el de lo Social, tras el «espectacular» aumento de casos también por la crisis, ve como la situación se está «normalizando con la ayuda de una juez de apoyo al titular.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, avanzó también el pasado martes que desde esta institución se está «intentando una solución inmediata» para el juzgado de Sepúlveda con la incorporación de un funcionario más; y otros dos para Penal, que ya cuenta con una juez de refuerzo. La situación más compleja la está viviendo en la actualidad precisamente este último órgano, que el pasado 23 de septiembre recibió la visita de una inspectora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para analizarlo y preparar un informe con medidas de refuerzo y reorganización que ayuden a agilizar su trabajo.
«El problema en este caso es especialmente complicado porque tiene mucha carga para un solo juzgado, pero no hay tanta como para que el Ministerio piense en el segundo, y además ahora con la crisis está parada la creación de nuevos órganos», recuerda el presidente de la Audiencia. Penal 1 sufre «sobre todo a la hora de ejecutar sentencias, porque a menudo son penas cortas donde hay muchas posibilidades de sustitución, de cambios, dan lugar a muchos incidentes y por ello habría que mantener la juez de refuerzo e incorporar más funcionarios».
Y después está el asunto de la demora en los señalamientos de juicios penales. El tiempo de espera de fecha «no es disparatado, según comentó la inspectora». Pero aun así «efectivamente es mucho» porque asciende a un año, cuando la media en España «está en siete u ocho meses», precisa Pando.
Y también la propia Audiencia Provincial aguarda mejoras. Después de marcharse un juez de refuerzo en abril «por razones personales», la institución que preside Pando resuelve el trabajo con sólo dos titulares (incluido él) y un tercer magistrado en comisión de servicio que «en realidad es medio», dado que se comparte con Valladolid. Por ello, en estos meses han llegado a recurrir a jueces de Primera Instancia para que les ayudaran, «aunque también tienen su trabajo, claro», si bien esperan que aquel refuerzo perdido se restituya este mismo año.
Su nombramiento como presidente de la Audiencia de Segovia llega en un momento en el que, como reconoce, los togados han cobrado especial protagonismo a ojos de la sociedad. «Es curioso, hace unos años los jueces estábamos considerados casi como unos señoritos que no trabajábamos, éramos malos y de repente, a consecuencia de los casos de corrupción, los desahucios, etcétera, resulta que nos hemos convertido en los buenos», apunta para retratar «las oscilaciones» de la opinión pública. «Ni antes éramos tan malos ni ahora tan buenos, pero el caso es que sí es verdad que la visibilidad de la Justicia ha subido».
«Casi una bola de nieve»
Ese protagonismo se debe en buena medida a las instrucciones de casos de corrupción: “No olvidemos que el juez sólo puede actuar tras denuncia, y podríamos decir que en estos años se ha abierto la caja”, opina. «Cuando la situación económica era buena la gente estaba más permisiva, pero cuando ha llegado la crisis y mucha gente ha visto que algunos se han forrado a base de eso (corrupción), ha surgido la infamia y la indignación».
Además, «la corrupción es casi como una bola de nieve porque, cuando empiezan a salir asuntos que implican a unas determinadas personas o partidos, de ahí pasa a otros y va creciendo». Y sobre todo, «hay algunos que están creciendo tanto que será muy complicado enjuiciarlos, van a ser unos macrojuicios tan tremendos que no sé hasta qué punto la Justicia española está preparada para gestionarlos», avisa.
También admite que no será sencillo alcanzar las «grandes expectativas» que están generando en la opinión pública escándalos como los de los ERE de Andalucía, Urdangarin o la trama Gürtel. «Me preocupa la frustración que puede causar a la sociedad que al final no se llegue a ninguna parte en algún caso, o sentencias condenatorias por prevaricación sin penas de prisión».
Fuente de la noticia: El Norte de Castilla, 5 de octubre de 2014