Empezado ya el sexto año de recesión, las inversiones en infraestructuras llevan en barbecho más de la mitad de este período de sequía económica. Obligada por las restricciones de gasto, la Junta ha priorizado la prestación de servicios esenciales en detrimento de la obra pública.
En este tiempo de impasse, el departamento de Fomento de la macroconsejería que dirige Antonio Silván se está dedicando a abonar el terreno a la espera de que salga el sol y pueda reactivarse la licitación de carreteras; o a reorientar toda su política de vivienda, toda vez que harán falta muchos años para que el mercado absorba el stock de más de 40.600 pisos sin vender. La coyuntura le ha llevado también a abandonar directamente parcelas de actuación cuya fertilidad requería del riego constante de fondos públicos.
Una de las áreas de actividad más intensa en el último año ha sido la de vivienda, que ha experimentado un giro radical. De la política del boom basada en la construcción de pisos protegidos y los incentivos a la compra, incluso de vivienda libre, se pasó en 2009 a la del fomento del alquiler, para llegar, en la actualidad, a una actuación pública limitada a la rehabilitación y la regeneración urbana, donde las subvenciones a particulares se han esfumado.
La Consejería está dedicando la mayor inyección de recursos públicos al programa ARI que, de la mano con el Gobierno, los ayuntamientos y los particulares, está permitiendo la recuperación de más de 14.100 viviendas en Castilla y León, con una inversión conjunta prevista de 342 millones. En estos momentos, son 38 las áreas de rehabilitación integral en desarrollo.
Entretanto, el equipo liderado por Silván está dando una nueva vuelta de tuerca –vuelve a estar en fase de información pública– a la Ley de Regeneración Urbana, una norma que introducirá cambios sustanciales sobre la normativa urbanística vigente, y que tiene como retos poner coto a la construcción residencial descontrolada y desorbitada que dio lugar a la burbuja inmobiliaria y planificar ciudades más sostenibles.
En el último año, la Consejería ha trabajado también sobre dos decretos que verán la luz en los próximos meses. El de más alcance social y más inminente –se aprobará previsiblemente en julio– es el que regulará el alquiler social. Es el plan que nace de la fusión del programa de reserva de viviendas vacías (Revival) y de la bolsa de alquiler para jóvenes. A modo de inmobiliaria altruista, la Junta gestionará la oferta de viviendas en régimen de arrendamiento y fijará unos precios máximos para garantizar el acceso a los más necesitados.
El segundo decreto, que se aprobará en septiembre, permitirá a los propietarios de una vivienda promovida por el Gobierno autonómico saldar toda la deuda pendiente a cambio de una quita en el precio. Una fórmula original –está por ver si también efectiva– con la que Fomento podría asegurarse unos ingresos rápidos en un momento de estrecheces presupuestarias.
La Dirección General de Transportes también ha intensificado su trabajo en el último año. El Transporte a la Demanda, un programa trascendental para un territorio disperso como Castilla y León, aplaudido por Bruselas e imitado por Portugal, ha sufrido una reordenación, consecuencia del necesario ahorro de gasto público.
Fomento no ha suprimido ni una sola de las 811 rutas, que dan cobertura a 3.557 núcleos de población y más de un millón de vecinos. Sí ha modificado frecuencias y horarios en el 27,7% de ellas, fijando como prioritarias las expediciones que atienden traslados vinculados a la asistencia sanitaria (centros de salud) y abastecimiento (mercados).
En aras de un mayor ahorro, la Consejería trabaja también en combinar el transporte regular y de escolares. Por el momento, están en marcha dos experiencias piloto en Bembibre (León) y Sepúlveda (Segovia). Bajo un estricto plan de inspección, se trata de aprovechar las plazas libres del autobús escolar para trasladar a otros viajeros.
La actividad intensa en las áreas de vivienda o transporte contrasta con el parón en la ejecución de infraestructuras viarias. El Plan Regional de Carreteras 2008-2020 permanece aparcado en la cuneta. En verano de 2010, la Junta adjudicó los estudios informativos de las 17 autovías y las variantes de población previstas en el plan. Desde entonces, la foto sigue fija. Los pocos euros que pueden dedicarse al asfalto se destinan a conservación.
Fuente de la noticia: www.diariodeleon.es 24 de junio de 2013