El Gobierno aún no ha establecido precios, aunque fuentes ministeriales aseguran que se hará a través de subasta.
El Gobierno continúa con su intención de hacer caja y desprenderse de las instalaciones que no reportan beneficios. La última iniciativa en este sentido y que afecta a la provincia de Segovia la ha presentado el Ministerio de Agricultura, que ha puesto en marcha el mecanismo para vender algunos de los silos de cereal que se encuentran diseminados por el territorio.
Los primeros que podrían salir a subasta serían los de la red básica, que gestiona directamente el Ministerio, y que se encuentran en las localidades de Cuéllar, Sepúlveda y San Cristóbal de la Vega.
Se trata de tres silos y un almacén que tienen una capacidad de almacenamiento total de 12.300 toneladas de grano.
El más grande es el de Sepúlveda, con 4.650 toneladas, seguido del ubicado en San Cristóbal de la Vega, con capacidad para 4.000 toneladas. A éste se suma el granero próximo y donde caben 800 toneladas. Y el silo de Cuéllar, que puede albergar 2.850 toneladas.
El precio de venta todavía no se ha marcado y será más adelante, cuando jurídica y administrativamente se permita, cuando los técnicos realicen las valoraciones para ponerlos a subasta. Mientras, el Ministerio confía también en que mejore la economía para que exista más interés en adquirir estas históricas instalaciones.
Para ello, el consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha aprobado el Real Decreto por el que se modifica el estatuto del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), de modo que incluye la facultad de enajenación de estos inmuebles pertenecientes a la red básica de almacenamiento público, que forman parte de su patrimonio; y modifica el inicio y la instrucción de los procedimientos de determinación y repercusión de las responsabilidades financieras por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea en el ámbito de los fondos europeos agrícolas.
El Real Decreto persigue conseguir la máxima eficacia en la gestión del patrimonio del FEGA; facilitar el acceso general a la utilización de dichas unidades de almacenamiento, pertenecientes a la red básica de almacenamiento público, actualmente propiedad del FEGA; contribuir a la creación de empleo y la reactivación de la economía en aquellos lugares donde se ubican; eliminar el elevado coste de mantenimiento que tales instalaciones tienen para este organismo; así como modificar el inicio y la instrucción de los procedimientos de determinación y repercusión de las responsabilidades financieras por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea en el ámbito de los fondos europeos agrícolas.
“La situación de los silos es de casi total abandono por carencia de uso”, reconoce el propio Ministerio. La propiedad de la Red es del FEGA, que ha cedido su uso a las comunidades autónomas para la gestión de las compras y almacenamiento de cereales, actuaciones que, a día de hoy, son prácticamente inexistentes.
En el caso de la Junta Castilla y León en Segovia, la Consejería se hizo cargo de una veintena de instalaciones que a su vez fueron cedidas a ayuntamientos, a cooperativas o a organizaciones profesionales agrarias, e incluso a organizaciones no gubernamentales, como el silo de Segovia, donde tiene su almacén el Banco de Alimentos.
De acuerdo con esta transacción, el FEGA asume el pago de los impuestos, tales como el IBI; y las comunidades autónomas los gastos corrientes, cuando los hubiera. “Actualmente, resulta de todo tipo imposible el acometer los gastos de reparación de daños: por robos, incendios, vandalismo, u ocupaciones”, alega el Ministerio para justificar su decisión de desprenderse de ellos. Por ello comienza con los que aún conserva como gestión directa.
“El mantenimiento de una red de almacenamiento en todo el territorio representa un coste elevado difícil de justificar cuando no existe una previsión clara de utilización de los almacenes y cuando la falta de uso de los mismos acelera el deterioro de las instalaciones”, defiende el Ministerio. Mediante la enajenación de las mismas, la modificación normativa pretende facilitar el acceso general a la utilización de dichas unidades de almacenamiento. De esta forma se eliminaría el elevado coste de mantenimiento que tienen para este organismo y se facilitaría su utilización para otros fines que posibiliten la creación de empleo y la reactivación de la economía en aquellos lugares donde se ubican, confían las mismas fuentes.
Desamortización
La enajenación de silos de almacén de cereal se suma a la que el Gobierno ya puso en marcha el año pasado y que se encuentra en gestión. Como ya publicó este periódico el pasado 8 de diciembre de 2012, El Estado quiere desprenderse de 32 edificios y solares situados en la capital y la provincia.
En la mayoría de los casos se trata de viviendas, si bien también existen solares, oficinas, casas y edificios completos. Entre otros inmuebles, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad (Giese) quiere vender el edificio que forma el antiguo cuartel de la Guardia Civil de Valverde del Majano, que ya ha salido a subasta dos veces y ha quedado desierto.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene a la venta de dos solares en el término de San Ildefonso, y uno en Segovia capital. Además existe un piso a la venta en la plaza de los Espejos, en el centro de la ciudad, y otro en la calle Manzanos. En El Espinar se vende un inmueble con destino a oficinas,
Correos también quiere vender un local comercial. Y Adif anunció varias casas en Coca, Hontanares de Eresma, Nava de la Asunción, Santa María de Nieva, y Yanguas de Eresma.
Fuente de la noticia: El Adelantado de Segovia, 16 de Febrero de 2014