En el tercer trimestre del año pasado, los juzgados de la provincia recibieron 77 denuncias.
Primero, conviene situarse en el tiempo para ganar en exactitud. No hay que retrotraerse muy atrás, nos trasladamos al tercer trimestre del año pasado. El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, con sede en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado recientemente un informe que retrata a golpe de porcentajes y números la lacra de la violencia sexista en España. Lo hace a partir de un estudio construido sobre los cimientos objetivos de los datos obtenidos de los 106 Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer (JVM) existentes en toda España, así como en los 355 juzgados con competencias compartidas.
En clave nacional, el análisis del Observatorio concluye que «es especialmente preocupante el aumento de los delitos más graves –como los homicidios en todas sus formas–, acompañado de una bajada de las denuncias y un aumento de las renuncias, por lo que se ha de insistir en la implementación de medidas y herramientas judiciales para combatir esta lacra, como la formación, y en la coordinación interinstitucional que permita hacer más eficaces las medidas de protección de las víctimas y particularmente de sus hijos e hijas». Esas conclusiones dan también alguna pista del camino que se ha de seguir: «debe continuarse en la especialización de los órganos judiciales y de todos los operadores jurídicos implicados en la lucha contra la violencia de género, tal y como recomiendan los documentos y organismos internacionales».
En este tercer trimestre del año pasado, el volumen de denuncias interpuestas por mujeres víctimas de la violencia sexista bajó el 2,3% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. A pesar de ese descenso, en el país se contabilizaron en tres meses 33.050 denuncias.
Si el círculo territorial del análisis se estrecha y la lupa se acerca y concentra en la provincia segoviana, entre los meses de julio a septiembre de 2013, los juzgados de la provincia de Segovia (sumados los cuatro partidos judiciales existentes de la capital, Cuéllar, Sepúlveda y Santa María la Real de Nieva), recibieron 77 casos, que se han de sumar a los 88 contabilizados durante la primera mitad del año pasado. Son 165 expedientes en nueve meses, o lo que es lo mismo, una media de una denuncia cada menos de dos días.
Sin embargo, y más allá de frecuencias y promedios, una de las cuestiones más llamativas que brota del manantial de cifras del Observatorio es que ninguna de esas 77 denuncias del tercer trimestre fue presentada directamente por la víctima, sin la intervención de agentes externos, como familiares, policías o abogados. Pero es más, tampoco ninguna de ellas fue interpuesta por parientes consanguíneos.
Con atestado policial
La inmensa mayoría de las denuncias fueron rubricadas por las mujeres, pero siempre durante el proceso de realización de los pertinentes atestados policiales. En ese tercer trimestre en el que se centra el estudio en 57 tramitaciones se siguió esta vía, lo que supone tres de cada cuatro casos que llegaron a los juzgados de la provincia relacionados con episodios de violencia sexista. En diez ocasiones la denuncia fue formulada directamente por la autoridad policial de turno y otras diez se sustentaron en un parte de lesiones, completa el informe.
En cierto modo, este comportamiento que dibujan todos estos guarismos concuerda con las apreciaciones que el Fiscal Jefe de Audiencia Provincial desvelaba en un encuentro celebrado el pasado octubre, organizado por la Federación de la Mujer Rural. En él, Antonio Silva recurría a la actividad de 2012, año en el que se dictaron unas 110 sentencias referidas a casos de violencia de machista denunciados en la provincia segoviana. En cerca el 45% de los trámites no prosperó la denuncia una vez iniciado el proceso penal. De ahí que Silva apele a que «siempre es necesaria la colaboración de la víctima», pues de otro modo la violencia no se soluciona y sigue latente porque se trata de «delitos intimistas que surgen en el ámbito de la pareja y rara vez hay testigos». Esa es la gran dificultad: «al desaparecer el sustrato acusatorio desaparece la posibilidad de condena», insistió en el citado foro el Fiscal Jefe.
El responsable del Ministerio Público fue más allá y destacó que «en Segovia el 70% de las mujeres con una orden de protección se han personado en la Fiscalía solicitando la retirada de la orden». Son actitudes en las que pesa mucho el sustrato cultural y la educación y, desde su experiencia, Silva ha observado que las mujeres que viven en el medio rural son las que menos denuncian.
Precisamente, el amparo de las víctimas también es objeto de una parte del informe elaborado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica. Entre los meses de julio y septiembre de 2013, la justicia tramitó en la provincia 22 órdenes de protección, repartidas a partes iguales entre mujeres españolas y extranjeras. De esos expedientes incoados, doce fueron aprobados y otros diez denegados, lo que supone un índice de negativas del 45%.
Fuente de la noticia: El Norte de Castilla, 17 de Febrero de 2014