“Para que se hagan una idea... no hace mucho tiempo se creó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia; pues bien, en la situación actual necesitamos ya el 6. Estamos peor que cuando se creó el 5”. Quien así se expresaba ayer era el presidente de la Audiencia Provincial, Andrés Palomo, que actuó como portavoz del colectivo de jueces y magistrados de la provincia, quienes de forma unánime apoyan las reivindicaciones que el colectivo exige al Gobierno a nivel nacional.
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Según Palomo, ese paro no tuvo repercusión entre los usuarios porque en uno de los casos el juez que lo secundó, titular de un juzgado de instrucción y primera instancia, “en un ejercicio de responsabilidad”, se fijó a sí mismo unos servicios mínimos que consistieron en la celebración de los juicios de faltas que tenía señalados. En el otro, el juzgado afectado ni tenía vistas señaladas ni estaba de guardia ayer.
El presidente de la Audiencia Provincial y otros ocho jueces y magistrados, entre ellos el juez decano, Jesús Marina Reig, protagonizaron ayer una concentración de protesta en el vestíbulo del Palacio de Justicia de Segovia. A su término, Palomo leyó un manifiesto en la sala de vistas de la Audiencia, explicando que históricamente la Administración de Justicia ha sufrido la falta de medios y de inversiones por parte de los distintos gobiernos y que esa situación “se ha ido sobrellevando por el esfuerzo continuado de jueces y magistrados, con el indispensable apoyo de los demás cuerpos de funcionarios”.
“Pero este incremento exponencial del trabajo y la consiguiente responsabilidad que conlleva tiene un límite, y ... entendemos que ya le hemos alcanzado, máxime cuando este esfuerzo, muy superior en la mayor parte de los casos al que nos es exigible, tiene como consecuencia la indiferencia, cuando no el reproche”, sostuvo.
El colectivo asegura que ha intentado que el Ministerio de Justicia adopte las medidas para solucionar esa situación pero las peticiones han resultado infructuosas. Por esa razón, “tras más de cinco años de paralización de la entrada en funcionamiento del nuevo diseño de oficina judicial y de ignorar nuestras peticiones respecto de derechos sociales básicos, nos vemos obligados a realizar estos actos de protesta, que por parte de algunos de nosotros se han llevado más allá, al ejercicio del derecho de huelga, en exigencia de que se dé respuesta a nuestras comunes reivindicaciones”, añadió Palomo.
Respecto a la acumulación de trabajo de los órganos judiciales de la provincia, el presidente de la Audiencia informó también de que “la carga competencial se ha incrementado notablemente”, en parte por la crisis económica. La situación es peor en el Juzgado de lo Penal, en el Mercantil, en el Registro Civil y en el número 4, que tiene competencias en materia de violencia de género.
La falta de personal afecta “de manera puntual” al Penal, al Mercantil (actualmente con funcionarios de apoyo) y, en la provincia, a los juzgados de Sepúlveda y Santa María la Real de Nieva.
Conscientes “de que no tenemos excesivamente buena imagen”, en palabras de Palomo, los jueces y magistrados de Segovia celebraron ayer una jornada de puertas abiertas a los medios de comunicación para mostrar “qué hacemos, cómo trabajamos y en qué condiciones”.
“No somos ni más ni menos que cualquier ciudadano pero tenemos encomendada por la sociedad la función de juzgar. Lo que queremos es que se haga palpable que esa tarea que se nos exige, al mismo tiempo no se nos están dando los medios”. En este sentido, tanto en las dependencias del Palacio de Justicia como en la sede del Juzgado de lo Penal expedientes y documentos se acumulan en mesas, sillas y se hace patente la falta de espacio, así como un mobiliario inadecuado.
El Palacio de Justicia, obsoleto, hace tiempo que se mostró poco funcional e incluso inadecuado para el desempeño de las funciones de los órganos judiciales.
En cuanto a la oportunidad de la huelga, Palomo afirmó que la comisión interasociativa permanente “ha tenido contactos con el Ministerio y éste no dice que no a nuestras peticiones pero tampoco que sí; no establece un calendario y no se ha comprometido absolutamente a nada”.
Impulso a la nueva oficina y revisión de la planta judicial, reivindicaciones destacadas
Entre las ocho reivindicaciones que los jueces y magistrados incluyen en su declaración de ayer destacan las relativas a la “efectiva y urgente” instauración de la nueva oficina judicial, con delimitación precisa de funciones y responsabilidades, así como la plena incorporación de nuevas tecnologías, la formación adecuada de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia y la revisión en profundidad de la planta judicial.
En materia de nuevas tecnologías, entre otras medidas, piden intercomunicación de las bases de datos judiciales y una urgente solución de la interconexión informática entre juzgados de distintas Comunidades Autónomas, que actualmente son incompatibles.
Sobre la planta judicial, mantienen que es necesario crear y/o suprimir “cuantos órganos judiciales fueran precisos” y acomodarla a la carga real de trabajo de cada partido en función de la entrada de asuntos. El éxito de esta medida se complementaría, según los jueces, con una reforma radical de la oficina judicial, “que no supone necesariamente incrementar el número de órganos judiciales, sino tan solo el de jueces en cada demarcación, con el mismo número de funcionarios, a través de una organización correcta, buenos servicios comunes y medios informáticos adecuados”.
Así mismo, reclaman que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establezca la carga máxima de trabajo razonable que puede asumir cada órgano judicial, arbitrar un sistema adecuado y eficaz de sustituciones y medidas para conciliar su vida laboral y familiar.
Solicitan que se proceda a la adecuación quinquenal de las retribuciones de jueces y fiscales, especialmente en lo referente al pago de los servicios de guardia, aunque admiten que debido a la situación económica “su materialización se desarrolle cuando la superación de la crisis lo permita”.
Por otro lado, el presidente de la Audiencia, Andrés Palomo, a una pregunta de EL ADELANTADO, defendió el derecho de jueces y magistrados a asociarse, como cauce para reivindicar medidas como las anteriores, ya que la Constitución les prohíbe pertenecer a sindicatos y partidos políticos. Admitió, además, la politización de la Justicia en España, aunque sostuvo que “no por parte de los jueces o de las asociaciones”.
Fuente de la noticia: El Adelantado de Segovia, 19 de Febrero de 2009